Pandemia y mujeres indígenas y rurales

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Aunque la pandemia por COVID-19 ha tenido repercusiones en los distintos grupos poblacionales a nivel mundial, los grupos más afectados han sido los conformados por mujeres, es decir, la pandemia mostró un impacto diferenciado.

Esta diferenciación se debe a la discriminación y el machismo estructurales, el distanciamiento social, el trabajo en casa y los riesgos de permanecer más tiempo en entornos de violencia

 

¿Cuáles han sido los impactos?

Durante la pandemia los asesinatos de mujeres no se han reducido, al contrario, a nivel nacional se mantienen y en algunos estados han aumentado. Asimismo, el confinamiento agravó la violencia contra las mujeres y niñas dentro de sus hogares; el número de llamadas por violencia intrafamiliar se duplicó en los primeros meses de confinamiento respecto al mismo período en 2019.

Las mujeres y niñas que realizan labores de cuidados en los hogares han visto aumentada su carga de trabajo —generalmente no remunerado— debido al cierre de escuelas y centros de trabajo, carga que en muchos casos se suma a las horas que ya dedican las mujeres al trabajo remunerado. Por otro lado, muchas mujeres que trabajaban en la informalidad realizando labores domésticas han perdido sus fuentes de ingreso.

Las muertes maternas y la violencia obstétrica, relacionadas con la discriminación que enfrentan las mujeres en nuestro país, han aumentado a raíz de la pandemia debido al riesgo de contagio y a la falta de información que especifique cuáles son las unidades de salud que brindan atención materno-infantil. Además, los riesgos de contagio han limitado aún más el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos y al aborto seguro.

¿Cómo ha afectado la pandemia a las mujeres indígenas y rurales?

El impacto diferenciado de la pandemia se hace aún más profundo cuando hablamos de mujeres y niñas indígenas y rurales. Además de sufrir el aumento de la violencia de género y doméstica, el empeoramiento de la situación de quienes realizan labores de cuidados y el limitado acceso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro, las mujeres indígenas y rurales se han enfrentado a complicaciones adicionales.

La mayoría de las mujeres indígenas y rurales son empleadas en el sector informal y no tienen acceso a seguridad social, además, el 84% vive en situación de pobreza. Ambas condiciones han agudizado los efectos sociales, de salud y económicos de la pandemia en este grupo poblacional.

La pandemia agravó la ya precaria situación laboral y de vida de las trabajadoras agrícolas. Ellas, que realizan actividades esenciales, enfrentan elevados riesgos de contagio debido a las condiciones de traslado y de los lugares de pernocta, ambas caracterizadas por el hacinamiento. Pese a la situación de alta vulnerabilidad, no existen protocolos o medidas específicas para prevenir y actuar frente a los contagios.

Aunado a ello, el acceso a servicios de salud es limitado, el 90.9% de las personas jornaleras agrícolas no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo.

Otro problema que ha sido invisibilizado es la complicada situación que viven las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y rurales para la atención de sus embarazos, quienes generalmente deben realizar largos traslados a centros de salud que están en malas condiciones y no cuentan con personal médico de base; además, las mujeres indígenas y rurales sufren discriminación en los centros de salud, donde no hay intérpretes de lenguas locales. Estos problemas se han intensificado debido al riesgo de contagio y a la falta de información.

El cierre de las escuelas y la ignorada brecha digital en las comunidades indígenas y rurales ha representado un desafío para el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes; asimismo, ha implicado que las mujeres pertenecientes a estas comunidades se hagan responsables de la educación de sus hijos, aumentando su carga de actividades y responsabilidades.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Las propuestas de solución a estos problemas no pueden tener una visión a corto plazo, sino representar una de tantas acciones necesarias para lograr una transformación permanente del modelo social y garantizar una convivencia incluyente, justa y libre de violencia machista, así como el fortalecimiento del papel de las mujeres en las cadenas de valor.

Una de estas propuestas es el proyecto “Resiliencia de las mujeres indígenas y rurales a los impactos de la COVID-19”, firmado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Igualdad de Género del estado de Chiapas (SEIGEN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se implementará en localidades de los municipios de Ocosingo y San Andrés Larráinzar.

El proyecto tiene el objetivo de promover la autonomía y los derechos de las mujeres indígenas en Chiapas y contribuir a la recuperación de sus comunidades frente a los estragos ocasionados por la pandemia. Sus tres ejes de acción son: violencia de género, capacitación en materia financiera y seguridad alimentaria.

Se establecerá una red que permita la detección de mujeres y niñas en situaciones de violencia y se les brindará atención interdisciplinaria.

Otro de los objetivos es aumentar la salud financiera y resiliencia de las mujeres, por ello se ofrecerá educación financiera y se buscará crear grupos de ahorro solidario. Por otro lado, el proyecto busca consolidar redes físicas de sororidad entre mujeres indígenas y rurales, lo que aumentará su participación económica.

Además, se impartirán talleres y capacitaciones sobre cadenas de valor sensibles al género, ello con los objetivos de promover la seguridad alimentaria de las mujeres y sus familias y brindar a las mujeres indígenas y rurales mejores oportunidades de llevar sus productos al mercado exitosamente.

El agravamiento debido a la pandemia de las dificultades a las que ya se enfrentaban las mujeres y niñas indígenas y rurales revela problemas subyacentes: la discriminación interseccional; el machismo y la violencia de género impregnados en los sistemas sociales; la falta de atención de las necesidades y derechos laborales y de la salud de las comunidades indígenas y rurales, y el escaso reconocimiento del papel de las mujeres indígenas y rurales en la economía. Por ello, es necesario emprender acciones en conjunto —gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales— para identificar y erradicar dichos problemas, con miras a garantizar una vida libre de violencia, con acceso a la educación y a la salud, oportunidades de trabajo digno y seguridad alimentaria para las mujeres indígenas y rurales.

Fuentes:

Observatorio Género y COVID-19 en México (2020). Recuperado de https://genero-covid19.gire.org.mx/

PNUD, FAO y la Secretaría de Igualdad de Género Chiapas promoverán autonomía económica y derechos de mujeres indígenas y rurales de Chiapas afectadas por la pandemia (2021). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recuperado de https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1419163/

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